Jubilaciones y AUH: la evolución real de los ingresos frente a las proyecciones de precios actuales

El comportamiento de la inflación en Argentina continúa condicionando de manera directa el poder de compra de los sectores con ingresos fijos y de los beneficiarios de planes sociales. Aunque la aplicación del Decreto 274 implementado por el Poder Ejecutivo buscó resguardar los haberes previsionales y la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante un rezago de dos meses en el ajuste —bajo la premisa de que la desaceleración de los precios favorecería la recuperación de la capacidad de compra—, las fluctuaciones de la economía general y del clima electoral generaron desfases en el rendimiento real de los ingresos. No obstante, las tendencias recientes muestran signos de recomposición tras un período de deterioro continuo, en el marco de un sistema previsional cuyas fallas estructurales obligan al desvío de recursos de origen estrictamente impositivo para sostener las erogaciones.

Los especialistas en economía sostienen que la inflación actúa de manera regresiva, perjudicando con mayor severidad la capacidad de compra de aquellos ciudadanos con ingresos fijos, tales como los trabajadores asalariados, jubilados, pensionados y quienes perciben subsidios familiares.

Con el propósito de mitigar este fenómeno, la administración de Javier Milei dictó en abril de 2024 el Decreto 274. Esta normativa estableció que los haberes previsionales y la AUH comenzaran a actualizarse mensualmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, correspondiente al último dato oficial difundido por el Indec. El diseño de este mecanismo se fundamentó en la proyección de que el programa de estabilización mantendría una tendencia inflacionaria a la baja, logrando que el factor de incremento de los beneficios resultara sistemáticamente superior a la inflación en curso.

Esta relación técnica operó de forma continua hasta mayo de 2025. En ese momento, la incertidumbre propia de la campaña para los comicios de octubre alteró el comportamiento de la demanda, provocando una aceleración de la inflación que desfasó negativamente los aumentos previsionales respecto al costo de vida actual.

El escenario a partir de 2026 y datos por segmento

La tendencia comenzó a invertirse a partir de abril de 2026 debido a una desaceleración en el ritmo de los precios. El ajuste de los haberes se ubicó nuevamente por encima de la inflación mensual:

• Abril: Suba de haberes del 2,9% frente a una inflación del 2,58%.

• Mayo: Incremento del 3,38% ante una inflación estimada del 2,1%.

• Junio: Actualización del 2,58% versus el 2% proyectado por los analistas.

Desde una perspectiva histórica interna, los haberes mínimos —de los cuales cerca de dos tercios corresponden a beneficiarios ingresados mediante moratorias y planes especiales— alcanzaron un pico real de $403.396 en diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio de la gestión actual. Por su parte, el sector de ingresos superiores a la mínima registró su máximo real en junio de 2025, situándose en 110,8 puntos respecto a la base 100 de noviembre de 2023.

Entre julio de 2025 y marzo de 2026 se observó una contracción real acumulada del 6,2% en los haberes mínimos y del 3% en las escalas superiores. La posterior desinflación consolidada a mediados de 2026, validada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, modificó el escenario: la pérdida del sector de haberes mínimos se redujo al 9,5% en comparación con los valores recibidos de la gestión de Alberto Fernández, mientras que las escalas más altas mostraron una recuperación del 9,7%, quedando a un punto porcentual de su máximo histórico del ciclo. La pérdida acumulada promedio entre los extremos del período evaluado se fijó en 1,8% para el universo previsional.

Al analizar las cuentas públicas de la Administración Central bajo el criterio de base caja, se identifican variaciones contrastantes según los períodos de comparación elegidos:

• Comparativa de extremos de gestión: Entre el inicio del mandato actual y junio de 2026, la partida destinada a la seguridad social experimentó una suba real del 9,2%, en tanto que los fondos ejecutados para la AUH crecieron un 132,9% real, consecuencia de la duplicación del beneficio aplicada en enero de 2024.

• Comparativa cuatrimestral acumulada: De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, al contrastar el primer cuatrimestre de 2026 con igual período del último año de la presidencia previa, el gasto en jubilaciones y pensiones evidencia una contracción real del 15,7%, mientras que el incremento de la AUH en términos reales se reduce al 47,6%.

Torta a repartir

El sostenimiento de estas partidas se encuentra ligado a la composición del financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Lejos de operar como un sistema de reparto tradicional basado únicamente en aportes de asalariados y contribuciones patronales, el régimen depende de la recaudación de moratorias, rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y transferencias de impuestos específicos.

La normativa vigente asigna de manera directa a la seguridad social el 10,31% de la recaudación del IVA, la totalidad de los gravámenes a los Débitos y Créditos Bancarios y a los Cigarrillos, el 70% del componente impositivo del Monotributo, y el 28,69% de los impuestos a los combustibles líquidos.

La sustentabilidad del sistema se encuentra limitada por factores de carácter estructural en el mercado laboral, debido a que una fracción relevante de los aportantes de ingresos elevados —incluyendo autónomos, monotributistas y cuadros jerárquicos— efectúan sus contribuciones sobre bases imponibles máximas que se ubican considerablemente por debajo de sus remuneraciones reales.